jueves, 25 de octubre de 2007

proceso Oct. 25 2007

Presidencia: El gobierno no aportará recursos al Plan Mérida carlos acosta córdova

Foto:
Agustín Carstens

Admite Carstens carecer de información sobre los 7 mmdd para dicho plan


México, D.F., 24 de octubre (apro).- Hasta el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se sorprendió de la versión, difundida por el representante de México ante la Casa Blanca, Arturo Sarukhan, de que México aportará 7,000 millones de dólares en tres años, en el marco de la Iniciativa Mérida, con Estados Unidos, de combate al narcotráfico y el terrorismo.

“Este tema no lo he visto por el momento. No les podría responder”, dijo hoy Carstens en la Cámara de Diputados, cuando reporteros le preguntaron de qué partida presupuestal saldrían esos recursos.

“Ahorita no tengo información”, insistió cuando se le volvió a preguntar si en el presupuesto que está en discusión en el Congreso está previsto ese compromiso.

El tema causó revuelo entre legisladores de todos los partidos. Rechazo absoluto a una disposición de recursos sin consultar al Congreso, dijeron.

Tuvo que ser la Presidencia de la República la que saliera a precisar que el gobierno no aportará recursos a dicha iniciativa. Aclaró que la cifra referida ayer por el embajador Sarukhan –y días antes por Steve Jonson, subsecretario adjunto de la Defensa estadunidense para el Hemisferio Occidental-- corresponde a lo que aproximadamente se ha presupuestado en materia de seguridad para los tres primeros años de la actual administración.

De hecho, dijo la Presidencia en un comunicado, para el presupuesto de 2007 se destinaron recursos por 25,000 millones de pesos; un tanto igual se ha solicitado para el presupuesto de 2008 y lo mismo se hará para 2009. La suma de las tres partes es lo que da un monto similar a los 7,000 millones de dólares que originaron la confusión.

Es decir, aclaró la Presidencia, “no existe una partida especial, específica o separada, que vaya a ser destinada a la Iniciativa Mérida” que, por otra parte, es una iniciativa pactada con el gobierno de Estados Unidos, en la que únicamente habrá más recursos, para la cooperación en materia de seguridad, de parte de ese gobierno.

critica:
pues por lo que nos podemos dar cuenta hace falta una comunicacion veras puesto que como nos damos cuenta no se tiene entendido de donde posiblemnete podria salir el faltante para plan Merida en contra del narcotrafico es una suma bastante considerable de dinero, cuando no se esta haciendo nada por evitar la demanda que genera el trafico de los enerbantes.


Carton:

¿Que esta haciendo la Mano Mocha?

aqui les va el link algo muy chistoso de nustro ex precidente Fox que es lo que hace en la actualidad.

http://proceso.com.mx/cartones/mon-1616lamano.jpg



En el Analisis de Proceso:

Plan México
foto: "El Chapo" Guzman

josé gil olmos México, D.F., 24 de octubre (apro).-
“El Chapo” se ha convertido en un mito. Entra y sale de restaurantes como cualquier ciudadano. Salvo que cuando llega, a todos los comensales les recogen los celulares y, al final, comen gratis, a manera de una disculpa de uno de los principales narcotraficantes del país.

Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” por su baja estatura, no hace mucho estuvo en un restaurante de Piedras Negras. Dicen que antes de que llegara, un grupo de escoltas entró en formación diamante, la cual sólo usan los militares. El lugar fue de inmediato cerrado y a todos los comensales les pidieron sus teléfonos celulares. Después entró “El Chapo” en medio de la hilera de guardias y tomó una mesa.

Cuando alguien quería ir al baño, uno de los escoltas lo acompañaba, así que muchos decidieron abstenerse las tres horas en que estuvo el jefe del cartel de Sinaloa.

Afuera del lugar lo guardaba otro grupo de guardias y otros más que formaron varios círculos de seguridad en las calles aledañas. De esa manera detectaban a cualquier grupo policiaco o militar en varios kilómetros alrededor.

Al final de la cena, como si fuera maestro de ceremonias, en un tono educado, el propio Joaquín ofreció una disculpa a los comensales. Les dijo que lamentaba mucho los inconvenientes, pero que las medidas eran también para su seguridad. Les pidió que hasta después de tres horas de su salida, usaran su teléfono y que sus números los tenían registrados.

Para finalizar su discurso, les dijo que no se preocuparan de sus gastos; que sus cuentas serían cubiertas por él, y que si querían quedarse un rato más, su consumo también sería cubierto.

Como esta anécdota hay muchas en el norte del país. “El Chapo” anda suelto haciendo sus negocios por varios estados sin que las autoridades federales apliquen alguna estrategia para detenerlo. Es evidente que las propias autoridades cierran los ojos o se voltean hacia otras partes para no percatarse de lo que hace el sinaloense. Lo mismo que hicieron cuando se salio del penal de alta seguridad supuestamente debajo de un carrito de comida.

Hoy que el gobierno de Felipe Calderón festeja de antemano que George W. Bush ha solicitado al Congreso norteamericano una partida especial de mil 400 millones de dólares para ayudar a México en la lucha contra el narcotráfico en los próximos tres años, las anécdotas de las andanzas de “El Chapo” y otros capos del narco en México nos ubican en que la naturaleza del problema no está en falta de inversión para la compra de equipo, programas de computo, aviones e infraestructura, sino en la corrupción de las autoridades mexicanas y estadunidenses.

La llamada Iniciativa de Mérida según la cual existe un acuerdo entre Calderón y Bush a fin de que el gobierno mexicano reciba más recursos del Congreso norteamericano en su lucha contra el narcotráfico, tendrá muy pocos efectos si antes no se combate el consumo interno y la corrupción que existe en el sistema financiero internacional y en los gobiernos de ambos países.

Sólo para citar un ejemplo de la corrupción habría que recordar que, de acuerdo con las propias cifras del gobierno estadunidense, el 70 por ciento de la mariguana que consumen los norteamericanos es cultivada en los parques nacionales de ese país.

Resulta que los narcos gringos han desarrollado una técnica de cultivo en las copas de los árboles basada en la hidroponía, de tal manera que las plantas de mariguana crecen en las alturas y no se detectan tan fácilmente ni por tierra ni por aire. Según cifras suministradas a la cadena de noticias inglesa BBC por el Departamento de Justicia de California, los cultivos erradicados sólo en ese estado en 2006 alcanzaban un valor comercial de 6 millones 700 mil dólares. Y las estimaciones de las autoridades forestales de ese país es que el cultivo de la planta se extendería por todo el oeste hasta llegar a Canadá.

Las ganancias multimillonarias que genera la venta de cocaína y otras drogas duras en el mercado estadunidense, es enorme, si se toma en cuenta que hay 35 millones de personas que anualmente consumen 285 toneladas de cocaína.

A nivel mundial se estima que las ganancias son de 600 mil millones de dólares, de los cuales el 40 por ciento por lo menos se queda en el sistema financiero norteamericano. Mientras, en México los jefes de los carteles se distribuyen una ganancia estimada en 23 mil millones de dólares. Estos datos son los que manejan los propios organismos internacionales, como la ONU, así como los gobiernos de Estados Unidos y México.

Todos los días son miles las acciones financieras y bancarias las que realizan los narcotraficantes en el mundo y todas ellas son solapadas por las propias instituciones y también por algunos altos funcionarios de los gobiernos respectivos.

Es por eso la insistencia de que no basta que se compre equipo de combate y espionaje para luchar contra los narcotraficantes, sino voltear los ojos hacia el sistema financiero internacional donde se lavan las millonarias ganancias de los carteles, con la ayuda de las propias autoridades gubernamentales y financieras.

Además, hasta el momento se desconoce el contenido del Plan México y ni el gobierno de Calderón ni el de Bush han ofrecido detalles de los programas que contempla.

Pero ni éste plan ni el de Colombia tienen un apartado especial para atacar el sistema financiero, y dudo mucho que se vaya a implementar. De ahí que el riesgo para cualquier plan de este tipo que se vaya implementar en cualquier país con la vigilancia de Washington, es que se quede como los fuegos artificiales, que alumbran por unos segundos y después se mueren en la oscuridad.

Así mismo, hay que tomar en cuenta que el apoyo solicitado por Bush para México está incluido en el paquete solicitado para mantener la guerra en Irak y, de entrada, ya fue rechazado por algunos congresistas. Así que el famoso Plan México o Iniciativa Mérida podría morir antes de empezar, lo que pondría a prueba la política de Calderón en el combate contra el narcotráfico.


Iniciativa Mérida, el nuevo Plan Marshall
foto : George W. Bush

jenaro villamil México, D.F., 23 de octubre (apro).-
Le han llamado “Iniciativa Mérida” para diferenciarla del Plan México, que remite al ambicioso proyecto que desde hace siete años el gobierno de George W. Bush aplica en Colombia, bajo el argumento de disminuir el crimen organizado y el comercio de la droga.

A pesar de las diferencias en el nombre y en los presupuestos involucrados (mil 400 millones de dólares proyectados en el caso mexicano y más 5 mil millones ya invertidos en Colombia desde el 2000), un mismo espíritu anima ambos proyectos: la necesidad de Estados Unidos y, en especial del agonizante gobierno de Bush, de relanzar una iniciativa estratégica de seguridad nacional. Una especie de Plan Marshall para América Latina que corra a la par de su desastrosa y costosa incursión en Afganistán e Irak.

Las suspicacias frente a la “ayuda” que la Casa Blanca plantea para combatir el narcotráfico en México no son casuales. En primer lugar, porque el espejo colombiano revela que estos planes son eficaces para el control militar, la inteligencia, la lucha antisubversiva, ciertos golpes espectaculares contra el comercio de la droga, pero no para disminuir el fenómeno global del narcotráfico.

Los informes oficiales del caso colombiano indican que el plan sirvió para modernizar las fuerzas militares del país andino, mejorar su movilidad, aumentar en 51% su capacidad de armamento, así como para erradicar casi 800 mil hectáreas de cultivos de drogas a través de fumigaciones y con aviones y pilotos aportados o entrenados por Estados Unidos. Otras cifras optimistas indican que se destruyeron 8 mil 900 laboratorios, se incautaron casi 7 mil vehículos, 77 aeronaves y mil 192 embarcaciones de los cárteles de la droga.

Sin embargo, ni la actividad delictiva del narcotráfico ni la oferta y el consumo de la droga en Estados Unidos han disminuido con tal despliegue de recursos y de fuerza. Para los expertos, a pesar de la “guerra frontal” en Colombia y de los amplios operativos en México, el consumo de drogas en Estados Unidos goza de cabal salud.

El componente de “mejoramiento y apoyo social” del Plan Colombia es simplemente demagogia. De los 5 mil millones de dólares, más de 4 mil millones se han destinado a las Fuerzas Armadas, no a programas de apoyo a agricultores y menos para recomponer el tejido social descompuesto que deja la militarización de la lucha contra los cárteles. El plan original planteó un presupuesto de 7 mil 500 millones de dólares, de los cuales 51% se destinaría a “desarrollo institucional y social”, 32% al combate al narcotráfico y 16% para revitalización económica y social.

En otras palabras, se trata de un plan de fuerte componente militar y estratégico. Y si bien no se enviaron tropas norteamericanas a Colombia, los lineamientos, el entrenamiento y la asesoría a las Fuerzas Armadas y las agencias antinarcóticos responden a los requerimientos de Estados Unidos.

En una entrevista con la BBC, el especialista Ricardo Vargas, de la organización Iniciativa Andina, hizo el siguiente recuento sobre el Plan Colombia:

“Después de siete años se observa que no ha habido una disminución de la oferta de drogas en Estados Unidos, que los precios –a los consumidores-- se han mantenido con una tendencia a la baja, que la calidad de las drogas tiende a subir y que, en general, la disponibilidad de las drogas no ha resultado afectada”.

Uno de los principales críticos del Plan Colombia fue la organización Amnistía Internacional. Desde el 2000 advirtió que se trataba “principalmente de una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas a través de una sustanciosa asistencia militar a las Fuerzas Armadas y a la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluye no alcanzan a disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan”.

Desde el 2001, el gobierno de George W. Bush impulsó a través del Plan Colombia la estrategia de contratar a empresas y asesores privados para “ayudar” a las Fuerzas Militares colombianas. En octubre de 2004, el Senado apoyó a Bush incrementando de 400 a 800 el número de asesores militares que podían operar en el marco del Plan Colombia, y de 400 a 600 el número de contratistas privados.

Este componente se ha revivido en la Iniciativa Mérida, y es una de las principales críticas que encontrará tanto en el Congreso estadunidense, dominado ahora por la oposición demócrata, como en el Congreso mexicano, que este martes reaccionó solicitándole a la Cancillería información más puntual.

Difícilmente la Iniciativa Mérida será aprobada sin problemas ni cuestionamientos por los congresistas norteamericanos. El cabildeo será intenso por parte del gobierno de Calderón y del propio Bush.

Sin embargo, en este proceso observaremos que lo realmente importante no es el combate al narcotráfico como actividad global, que involucra a financiadores, distribuidores y consumidores, sino el comercio de la droga como una nueva manera de capturar Estados para los fines estratégicos de Washington.

jueves, 18 de octubre de 2007

Proceso noticias jueves 18 de octubre

Carton de la semana
En este carton nos habla de una critica de las situaciones que nuestro ex mandatario Vicente Fox Quezada anda haciendo por nuestro pais del norte presentando su libro el cual ha dado de que hablar, inlcuso critica al actual mandatario Estado Unidense Bush de "que no es un vaquero real" por este motivo este carton le invitan a incursionar en el ambito de los musicales ya que es tan buen escritor y le sugieren varias obras vean el link se divertiran...


http://proceso.com.mx/cartones/mon-1615-foxgoes.jpg

Pasando a la Nota principal del dia

En la cual podemos apreciar la fotografia del Sr. diputado Emilio Gamboa

Advierte Gamboa: La comisión especial también indagará a familiares de Fox
jesusa cervantes México, D.F. 17 de octubre (apro).

La comisión especial de la Cámara de Diputados que indaga el presunto “ejercicio indebido del servicio público” por parte de Vicente Fox y su enriquecimiento, deberá extender sus investigaciones a toda la familia del expresidente de la República cuando haya elementos para ello, advirtió Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados priistas.

Entrevistado sobre la más reciente revelación que Fox Quesada hizo al reportero de la cadena de noticias Telemundo, sobre los dueños del rancho La Estancia, y donde involucra a uno de sus hermanos, el priista dijo que el primer objetivo de la instancia legislativa es investigar las inquietudes de la opinión pública en torno a sus propiedades.

Sin embargo, dijo “la extensión es un mandato de la comisión” por lo que también se puede indagar sobre la forma en que pudieron haber incrementado sus fortunas los familiares de Fox Quesada cuando existan indicios de que recibieron apoyo de la Federación.

Gamboa Patrón dijo que Fox se mostró “inquieto y nervioso”, cuando lo que hay que tener con los medios de comunicación es un diálogo “serio y respetuoso”.

“Él se molestó, se vio muy molesto, muy lastimado. No lo lleva a nada”, comentó luego de recomendarle “irse a su rancho, tranquilizarse y hacerle frente a la sociedad”.

El priista explicó a Vicente Fox que lo que está enfrentando es sólo parte del “juicio, como se le hace a todos los expresidentes de México”, y añadió: “Él creyó que era de verdad ‘foxilandia’, no se dio cuenta cómo está de mal el país, está lastimado, tenemos problemas muy severos.”

Gamboa Patrón se congratuló de que Felipe Calderón haya suspendido la autorización de “los comodatos” de empresas automotrices hacia la Presidencia de la República, como ocurrió con el vehículo Hummer 2005 que la transnacional General Motors-México entregó a Vicente Fox; pero, además, aseguró que la nueva comisión especial “puede investigar todos los comodatos que existieron en el sexenio pasado”.

Después, el priista dijo que Fox no ha entendido aún que ya no es el presidente de México.

“Los presidentes en turno lo único que les piden a los expresidentes es que los dejen gobernar con tranquilidad. Vicente Fox no ha entendido ese papel, ese rol. Decir que era una costumbre del priismo, el que se callaran, es falso. Era el respeto absoluto a la institución presidencial.

“No se ha dado cuenta que el presidente de México es Felipe Calderón”, dijo el priista.



Pasando a otras cosas en la opinion


Derechos humanos a la Constitución
sara lovera lópez

Fotografia la Senadora Rosario Ibarra de Piedra

México, D.F., 15 de octubre (apro-cimac).- Una reforma profunda a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos ha sido propuesta por la senadora Rosario Ibarra de Piedra, empezando por el artículo primero que sustituiría las garantías individuales por derechos humanos.

Se trata de un meticuloso examen de la Constitución para renovarla y ponerla al día en el concierto internacional, en el cual la jerarquía de los tratados internacionales esté por encima y se evite cualquier interpretación.

La reforma a 6 artículos de la Constitución y la adición a dos centrales como el 20 y 133, son, como propuesta, una verdadera revolución que pondrá frente al espejo a políticos que se llenan la boca de respetos y declaraciones vacías. Deja atrás parches inoperantes y revisa armonizando todos los detalles.

Si la propuesta se aprobara, en México la carta magna recogería y haría congruente al siglo XXI la exigencia de que cese el abuso, la tortura, la desaparición forzada, el genocidio y cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana. Eso incluye el horrendo panorama de la violencia feminicida en México y combatiría desde la Constitución la impunidad.

Se trata de una reforma a 6 artículos fundamentales y la adición a dos centrales, como lo son el 20 y el 133 de nuestra Constitución.

La propuesta de la senadora Ibarra de Piedra, atiende, como dice la exposición de motivos el nuevo contexto político y social y evidencia la urgencia de decir desde el artículo 1 que en este país se aseguran los Derechos Humanos, más allá de algunos de sus aspectos como la discriminación o la prohibición de la esclavitud.

El artículo 1 diría: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, así como de las garantías establecidas para su protección.

“Las normas protectoras de las personas contenidas en los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y prevalecen sobre el derecho interno en la medida en que confieran una mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos humanos.”

Para las mujeres la reforma propuesta sería una garantía central para hacer efectivas leyes generales que por falta de un asidero constitucional son por ahora inaplicables en tanto que se contradicen con leyes secundarias, vericuetos en códigos penales y confusión respecto de la doctrina de 1857 relativa a una imperfecta visión, entonces sólo liberal y denominada como garantías individuales.

La riqueza de la propuesta incluye desaparecer del artículo 13 el “fuero de guerra”, para evitar que los militares no sean juzgados por la justicia civil; garantizará mediante una adición al artículo 20, la protección efectiva de las víctimas; evitará que los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura sean prescriptibles.

Adelantamos desde ahora que esta propuesta que pone a prueba al Congreso de la Unión, inicia un litigio en cuanto a reforma de Estado se refiere y recoge, de la coyuntura y del pasado todas las contradicciones de un sistema que llamándose democrático, sistemáticamente viola los derechos fundamentales y la dignidad humana. Es como decir basta.

La reforma aparece en un momento en que se ha reanudado en México la persecución por movilizaciones sociales y la tortura sexual que para las mujeres ha constituido una amenaza latente.

Y aun cuando no es una iniciativa con perspectiva de género, al elevar claramente las obligaciones del Estado respecto a la firma de convenciones y tratados internacionales, nos incluye.

La propuesta que apenas se presentó la semana pasada requiere de una amplia discusión, dentro de la Reforma del Estado que tan pomposamente se ha puesto en el tapete de las discusiones y pretende tener diversas paternidades.

En su exposición de motivos la iniciativa define claramente qué es genocidio y queda claro que ello es congruente con una ley tan importante y abarcadora como la General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres o la relativa a la igualdad entre mujeres y hombres.

La desaparición de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; la violación de las indígenas tlapanecas que están ahora en discusión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el cúmulo de denuncias que a diario se reciben en las comisiones o procuradurías de derechos humanos, encontrarían una referencia en la Constitución que sería inapelable.

La propuesta para que desaparezca el “fuero de guerra” y la que se prepara en la Cámara de Diputados relativa al Código Militar serían congruentes. Lo trascendente es que ambas son propuestas de legisladoras que hacen evidente la importancia de tenerlas en el Congreso, congruentes con sus principios y sus luchas. Rosario Ibarra, también impulsora del Frente Nacional contra la Represión, deja en claro que tiene sentido y profundidad llegar al Congreso fuera de toda duda y clientelismo.

Es el artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948, donde se precisa que por ese delito debía entenderse cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, describiéndose como tal la matanza de miembros del grupo, lesionar gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo; esta es la esencia que recoge nuestro derecho al tipificar tales conductas como genocidio

De dicha descripción, se desprende que el bien jurídico tutelado por tal delito es la preservación de la existencia de determinados grupos humanos considerados como estables, mientras que el elemento subjetivo del tipo es la intención de destruir total o parcialmente al grupo humano, debiendo distinguirse que esa intención de destrucción no es el móvil del delito, sino elemento subjetivo del injusto, lo que se traduce en que el móvil con el que se actúa es irrelevante para la existencia del delito, en razón de que se puede actuar con el propósito de destruir al grupo por motivos políticos, económicos, por venganza u otros, sin que ello sea relevante para la configuración del delito, porque lo que interesa es la intención de destruir total o parcialmente al grupo humano, con independencia de los motivos o razones que se tengan para ello.

La presente iniciativa busca no sólo fortalecer normativamente los derechos humanos desde el aspecto sustantivo, sino también el aspecto adjetivo o procesal de tutela de los derechos humanos. En este sentido, se modifica el supuesto de procedencia de nuestro juicio de amparo, modificando la categoría “garantías individuales” por la de “derechos humanos”; esto último amplía el ámbito protector del juicio de amparo, no sólo a las libertades públicas reconocidas por la Ley Suprema, sino a las que reconocen los propios tratados internacionales, los cuales también se establecen en la modificación propuesta.

Pues como podemos ver esta semana fue de grandes acontesimientos aun continuan las sospechas de enriquesimiento ilicito de Fox, por otra parte existe la propuesta de modificar la carta magna a nivel de actualizarla con el siglo XXI.

Espero sea de su agrado.

Equipo Revista Proceso.
Alejandro Julio Diaz de Leon Gro.